“No habrá independencia”… porque no se quiere

“No habrá independencia”. Esa fue la contundente frase que empleó el presidente del congreso Jesús Posada para responder a las palabras del representante de ERC, Joan Tardá,  que afirmaba hace unos días que el proceso “no lo va a parar ni Dios ni por supuesto Rajoy”.

El gobierno central muestra así, una vez más, su posición con respecto a la cuestión de Cataluña, una postura firme que se asienta en la supuesta imposibilidad legal de la secesión. Los representantes del Partido Popular llevan meses afirmando que no habrá independencia porque la Constitución, ese magnífico y aparentemente imperturbable texto, no lo permite. Y que, como no lo permite, pues no hay más discusión. Y que no van a ser ellos quienes se paren a escuchar a ver si hay alguien que quiera cambiarla. Para el PP ese papel representa la voluntad popular ― a falta de un término menos prostituído ― y por tanto no es necesario más discusión, a pesar de que la firma se produjera hace casi treinta años en una democracia que nacía en unas circunstancias muy diferentes a las actuales.

Pero lo que más me sorprende de esta postura del gobierno no es su posición en sí, que es más que coherente con sus planteamiento ideológicos, sino la manera de presentarla y los argumentos empleados. Digo esto porque el gobierno central podría sencillamente argumentar que la independencia en sí podría darse, pero explicar que no hay un apoyo mayoritario para que esto suceda y que esa decisión no debe ser tomada unilateralmente por Cataluña.

En las últimas elecciones catalanas las fuerzas que apostaban por el “procés” (CiU+ERC) consiguieron una mayoría en el parlamento que, aunque exigua, les permitió gobernar durante cuatro años. Sin embargo, si analizamos los resultados de las elecciones más detenidamente y teniendo en cuenta la abstención, que ronda el 30%, vemos que la victoria de estas fuerzas podría no ser suficiente para legitimar una decisión tan importante como esta. Estas dos fuerzas sumadas, e incluyendo también a EUiA-ICV y las CUP, obtuvieron en total 2.093.709 votos, que representan cerca del 40% del electorado. Esto, sin ser una mayoría  tampoco es, ni mucho menos, una masa social desdeñable.

Pero tal vez estos resultados no sean precisamente los mejores para evaluar el apoyo a la independencia, puesto que las elecciones, por mucho que algunos ahora quieran presentarlas de esta manera, no son plebiscitarias. Es decir, no son para decidir acerca de una cuestión, sino para escoger a los representantes políticos, que deben decidir acerca de muchos asuntos, y no sólo la independencia. El hecho de que cada partido se deba situar a lo largo de distintos ejes como izquierda-derecha o pro-anti independencia hace que se mezclen diferentes cuestiones a la hora de votar. De esta manera habrá abstenciones de personas independentistas que no se sientan identificadas con esos partidos por su posición en otros temas o por la corrupción. Y lo mismo ocurre en sentido opuesto. Es por eso que, aunque no pueda tener validez oficial por la ilegalidad y el alto grado de abstención, la consulta del 9N puede servir también como medida de fuerza del movimiento catalanista. En dicha votación participaron 2.305.290 personas ― aproximadamente el 33% de los llamados a votar ―, de las cuales 1.861.753 ― el 80% ― votó sí-sí. Vemos como en este caso, dos años después de las elecciones autonómicas y ampliando ligeramente la base electoral (podían votar los mayores de 16), el apoyo a la independencia parece que decrece ligeramente, de algo más de 2 millones a 1,8 millones.

Aunque ambas votaciones no sean comparables por diferentes motivos (tipo de pregunta, la base electoral, el momento, los votantes desilusionados por la no-validez e ilegalidad etc.) sí que se pueden extraer ciertas conclusiones si las tomamos conjuntamente. En las autonómicas catalanas el apoyo de estos partidos rondaba los 2 millones y en la consulta votaron sí-sí 1,8 millones. Si partimos de la premisa de que la mayor parte de los pro-independentistas fueron a votar y votaron sí-sí en la consulta, podemos ver que en ninguno de los dos casos parece haber un gran apoyo a la independencia o, por lo menos, no lo suficiente como para tomar una decisión de semejante calibre.

Entonces, ¿por qué esa cerrazón desde el gobierno? ¿Por qué oponerse tanto a un referéndum en el que probablemente salga el no? En vez de argumentar  en contra y demostrar que, aunque su presidente sea nacionalista, Cataluña no está mayoritariamente a favor, han repetido hasta la saciedad que no se puede porque las leyes españolas no lo permiten. Leyes que, en una democracia, deben adaptarse a los tiempos y a la voluntad de las personas. Esta postura, en mi opinión, no sólo no parece del todo democrática, sino que además resulta contraproducente si el objetivo es aplacar un movimiento catalanista que, como se ha señalado muchas veces, es mucho ruido y pocas nueces. Aunque un reférendum no pueda hacerse de cualquier manera, este parece necesario para, de una vez por todas, tomarle el pulso al independentismo y decidir si realmente existe voluntad o si es simplemente el deseo de un grupo ruidoso.

 

Referéndum, ¿Todo vale?

Ya lo han comentado todos los compañeros politólogos pero, una vez más, hay que decir que los referéndums no son demócraticos per se, hay que hacerlos bien para que lo sean.

Hay varias críticas que se le puede hacer a los referéndums. La primera es que la pregunta puede estar redactada de forma ambigua y las respuestas pueden inducir al votante a votar en un determinado sentido. En este caso la redacción, aunque algo larga, me parece suficientemente clara: ¿Está usted a favor o en contra de aceptar lo que se propone en estos dos documentos? El problema viene con los documentos en sí que, aunque parezca increíble, NO HAN SIDO PUBLICADOS ni traducidos al griego.

Al parecer, ni siquiera está claro cuáles son esos documentos, ni si son una propuesta formal de los acreedores de Grecia, que tampoco se especifica quiénes son. Y es que, aún en el caso de que los documentos se hubieran publicado con tiempo y traducidos al griego, estos probablemente sean extremadamente técnicos, y supongan un reto incluso para personas con una buena edcuación universitaria (¿Sólo deciden las élites?). Por otra parte, la difusión tendría que hacerse rápidamente, para que todo el mundo pudiese tomar una decisión informada, pero si sólo el 66 por ciento de los hogares tiene internet, ésta parece una tarea bastante complicada.

Entonces, ¿cómo son las campañas del sí y el no? Pues yo me imagino que una basada en la épica, la revolución y la lucha contra el opresor y la otra en infundir miedo acerca del futuro. Vamos, pura democracia libre y participativa.

Resumiendo, que parece que en este referendum el gobierno esta preguntando a la gente ¿Aceptamos estos documentos, que no conocéis ni tenéis acceso, o los rechazamos? O lo que es lo mismo ¿Os fíais de que hemos hecho todo lo posible en las negociaciones y vais a muerte con nosotros? Pues no sé al resto, pero a mí me parece un poco complicado que se pueda tomar una decisión como ésta sin información y sólo una semana para decidir. No me gustaría estar en el pellejo de los votantes griegos.

https://euobserver.com/economic/129369

P.D: Este referéndum se parece en cierto modo al pseudo-referendum que se presentaba en Cataluña. ¿Quiere que Cataluña sea independiente? Oiga, ¿y eso que significa? Porque si cambiamos la bandera y el idioma y todo sigue igual habrá gente que le parezca cojonudo, pero si se cambian las leyes, se imponen aranceles y se hace una autarquía igual esa gente vota que no. Y ambas opciones van incluídas en el sí-sí, porque propuestas firmes no había. “Usted firme que sí y luego si eso ya ya vamos haciendo un plan para Cataluña”, parecían decir.